Indecopi inicia proceso a 6 aerolíneas que operan en Cusco por cancelación de vuelos

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Por la demora, cancelación y reprogramación de sus vuelos por presuntas causas atribuibles a las empresas, el Indecopi inició seis procedimientos administrativos a aerolíneas que operan en Cusco.

La Comisión de la Oficina Regional del Indecopi en Cusco (ORI Cusco), a través de su Secretaría Técnica, inició seis procedimientos administrativos sancionadores (PAS) a empresas de transporte aéreo que operan en esta región al hallar indicios de no cumplir con los itinerarios programados, cancelar, demorar y/o reprogramar sus vuelos por presuntas causas atribuidas a las mismas aerolíneas, en perjuicio de sus pasajeros.

Así, en ejercicio de sus facultades, la Secretaría Técnica determinó que existen indicios de que las empresas Viva Airlines Perú S.A.C. (Viva Air), Star Up S.A. (Star Perú), Peruvian Air Line S.A.C., Latam Airlines Perú S.A.C., Aerovías del Continente Americano S.A. (Avianca) Sucursal Perú, Avianca Perú S.A. y LC Busre S.A.C. (LC Perú) habrían infringido los derechos de los pasajeros.

Esto en tanto registraron vuelos cancelados, demorados y/o reprogramados, que tenían como punto de partida el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete de la ciudad del Cusco.

La Comisión consideró que todo usuario que contrata el servicio de transporte aéreo con un itinerario de vuelo determinado, espera que la empresa cumpla con el mismo y que se actúe en forma diligente, a fin de no afectar a los pasajeros que suelen programar sus agendas –vuelos de conexión, viajes, reuniones, visitas turísticas, asistencia a eventos, entre otros– basándose en la información de salida y llegada de los vuelos.

Adicionalmente, en algunos casos, habría un incumplimiento de lo referido a la obligación que tienen los proveedores de contar con el Libro de Reclamaciones (LR).

Además, se detectó una posible afectación al artículo 24º del Código, el cual dispone que los proveedores se encuentran obligados a atender los reclamos presentados por sus consumidores, dándoles una respuesta en un plazo máximo de 30 días calendarios, pudiendo ser este extendido por otro plazo igual, cuando así lo amerite la naturaleza del reclamo, previo aviso al usuario al respecto.

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